La Policía Nacional de Vigo desarticuló una trama que certificaba cursos de formación a vigilantes de seguridad de la provincia de Pontevedra e imputó a la directora de un centro de formación y a tres responsables de una empresa de seguridad.
En concreto, los agente del Cuerpo Nacional de Policía imputaron a la directora del centro y a los tres responsables de la empresa por la supuesta comisión de delitos de falsificación en documentos oficiales, según precisó la propia Dirección General de la Policía.
En lo que respecta a la investigación, esta se inició a mediados del mes de febrero tras tener conocimiento, en la Unidad de Seguridad Privada de la Comisaría de Vigo-Redondela, de la denuncia presentada por un vigilante de seguridad.
En ella, se manifestaba que en su cartilla profesional aparecía certificado un curso que él no había realizado.
depósito
Dichas cartillas profesionales las expide la Dirección General de la Policía y son propiedad de los vigilantes, si bien en el momento que entran a formar parte de la plantilla de una empresa las entregan a esta en régimen de depósito, teniendo que anotar el responsable de la entidad las diferentes situaciones administrativas del vigilante, así como los cursos de formación o actualización que este realiza o recibe.
Una vez finalizada la relación laboral entre ambas partes, la cartilla es devuelta a su legítimo propietario, siendo en ese preciso instante cuando el vigilante de seguridad comprobó que en ella le figuraba anotado un curso sobre seguridad en eventos deportivos y espectáculos públicos del año 2013.
De este modo, mientras los agentes indagaban sobre este hecho, tuvieron conocimiento de dos hechos similares en los que dos vigilantes denunciaban tener certificados varios cursos que no habían realizado.
Debido a lo anterior, y ante la sospecha de que hubiera más vigilantes de seguridad en la misma situación, la Unidad de Seguridad Privada inició una investigación más amplia y profunda con objeto de verificar posibles irregularidades por parte de un centro de formación, así como de una empresa de seguridad para la que habían trabajado todas las víctimas.
Para ello, se procedió a tomar declaración a una treintena de personas, entre vigilantes de seguridad y profesores del centro de formación, además de los responsables de este y también de la empresa de seguridad.
Los agentes encargados de la investigación tuvieron que desplazarse a diversas delegaciones u organismos oficiales de la provincia de Pontevedra para intervenir y remitir al Juzgado un total de 17 cartillas profesionales supuestamente falsificadas.
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